La Agenda de Evaluación Global 2020, que
presenta una visión del campo evaluativo para el corto y mediano plazo, fue gestada y validada a través de un proceso de consulta a nivel internacional que involucró a las sociedades de evaluación y a evaluadores individuales. En dicha Agenda, la profesionalización es caracterizada como una de las prioridades para la comunidad global de evaluación. De ese modo, se sumó a la conversación, debate o disputa sobre la vinculación de dichos términos: profesionalización y evaluación.  Posiblemente dicha conversación, debate o disputa sobre este binomio esté dando cuenta de una de esas cuestiones fundamentales del campo evaluativo, en cuanto implican temas  y problemas que periódicamente en él  reaparecen bajo nuevos formatos.

Hasta donde he podido conocer, este (recurrente) debate ha tenido lugar principalmente en el contexto norteamericano (EE.UU y Canadá), seguido por el europeo. Si sumamos al mismo a los colegas de Australasia, podríamos decir que ha sido una polémica prioritariamente anglófona.  Me interesa entonces reflexionar  en castellano sobre este tema, a fin de sumar voces y perspectivas latinoamericanas, las que creo han sido minoritarias en la discusión. Para ello, confío dedicar tres entradas del blog a esta ¿extraña pareja? de la evaluación y la profesionalización.

En esta primera entrada, además de introducir la problemática, apunto a presentar brevemente algunas de las características de la agenda en torno a la profesionalización de la evaluación, explicitando ciertas preocupaciones que parecen estar vinculadas a ese debate.

A su vez, la profesionalización es un tema estrechamente vinculado al colectivo de evaluadores, es decir, a las sociedades, asociaciones y redes de evaluación, recientemente identificadas como VOPEs -Organizaciones Voluntarias para la Evaluación Profesional-. Ha sido al interior de las VOPEs (y a veces entre ellas) que la profesionalización ha sido discutida, argumentada y construida, por lo que la segunda entrada de esta serie va a presentar dichos esfuerzos.

En la tercera y última entrada, me interesa aportar algunas ideas respecto a cómo sería un proceso deseable hacia la profesionalización de la evaluación, atendiendo a su cariz colaborativo y generado desde sus  bases (bottom up).

La agenda por la profesionalización

Junto a una mayor conciencia global respecto a la relevancia de la evaluación como herramienta clave para apoyar la mejora y/o el desarrollo de políticas públicas, existen también preocupaciones importantes sobre su práctica y legitimidad. En primer lugar, existe una percepción generalizada en cuanto existen demasiadas evaluaciones de baja calidad, un punto fuertemente vinculado con cuestiones de competencias, es decir, garantizar que los que realizan trabajos de evaluación estén calificados para ello. En segundo lugar -y en algunos contextos- se vislumbra un creciente desplazamiento de la evaluación por parte de otros esfuerzos, junto a la “invasión” del campo evaluativo por parte de otras empresas profesionales (analistas de negocios, analistas de big data, etc.). En tercer lugar, hay un déficit en cuanto credenciales y estándares establecidos que identifiquen el correcto obrar de los evaluadores.

Estos son los temas que periódicamente han dado lugar a debates sobre la profesionalización de la evaluación. En ellos puede identificarse, por un lado, la posición que la profesionalización es una vía pertinente y relevante para superar aquellos problemas, capaz de otorgar a la evaluación un mayor estatus, reconocimiento y, en última instancia, una mayor cuota de mercado. Por otro lado, encontramos una posición agnóstica que, aún reconociendo la gravedad de los problemas anteriores, duda o cuestiona si la profesionalización es el camino que la evaluación debería seguir en este tiempo.

Así como la profesionalización ha sido un tema controvertido en el campo de la evaluación, la sociología de las profesiones ilustra que ese ha sido el caso para todas las profesiones establecidas. El proceso real hasta adquirir el estatus profesional les ha llevado varias décadas (o siglos), siempre siendo un proceso altamente discutido y negociado, desarrollado a través de una serie de complejas interrelaciones de múltiples actores: los practicantes del oficio, los actores del estado y del mercado, las comunidades de práctica, etc.

Bob Picciotto, desde el marco de la sociología de las profesiones, sintetiza algunas de las características que debe construir una agenda para la profesionalización de evaluación: el reconocimiento público que la ocupación promueve el interés general; procesos reconocidos de desarrollo disciplinar (educación especializada, exposición continua a la práctica de expertos); autonomía profesional (la propia profesión controla la contratación, la calidad de la formación, la aprobación de directrices profesionales, la aplicación de normas éticas, etc.); el acceso a la práctica (la institucionalización de la experiencia profesional mediante la educación terciaria de alta calidad y una amplia gama de posibles restricciones sobre el acceso a la práctica profesional: designación, acreditación, certificación, licencias).

La relevancia de este marco es que no señala a un atributo o característica particular como suficiente y necesario para la profesionalización de una ocupación. En lugar de eso, da cuenta que se necesita una masa crítica de todos esos atributos, en estrecha articulación con sus contextos particulares de desarrollo. Este es un punto fundamental, ya que muchas veces la discusión de la profesionalización dentro de la comunidad evaluadora se ha centrado principalmente en los atributos de acceso a la práctica, enfatizando las diferentes categorías de designación que restringen el acto profesional o el uso del título. Este limitado enfoque ha implicado, por tanto, subrayar inmediatamente la necesidad del campo evaluativo de avanzar hacia esquemas de certificación, acreditación o designación.

Este énfasis en los atributos de acceso a la práctica ha sido probablemente el desencadenante de la aparición de diferentes reacciones, expresadas como preocupaciones respecto a lo que se presenta como tendencias exclusivistas de la práctica evaluativa. Junto a ello, la cuestión de la identidad del evaluador -quién es y quién no es “realmente” evaluador-, ha estado también presente. Esto no sólo se ha vinculado con preocupaciones sobre la cuota de mercado (definición de quién puede hacer evaluaciones), sino también con temores de que la profesionalización del campo evaluativo pueda crear barreras a la innovación y creatividad, condicionando o limitando los temas, áreas o enfoques considerados legítimos.

Incluso aquellos que entienden a la profesionalización como una respuesta pertinente y relevante a la falta  de calidad de las evaluaciones, señalan sus precauciones si el camino para convertirse en evaluador y definir sus competencias fuera a emerger como un resultado de la imposición de comportamientos particulares de parte de una organización «externa», por fuera del control de la comunidad evaluadora, y sin un proceso de discusión democrática.

En el campo de la evaluación, la respuesta más clara a esta preocupación ha implicado considerar a las VOPEs -las sociedades, asociaciones y redes de evaluación- como los actores clave para llevar a cabo procesos legítimos y colectivos de discusión de aquello que está implícito en una evaluación profesional. A las VOPEs estará dedicada entonces la segunda entrada de esta serie.