4 de Septiembre: día del inmigrante. Migrar no es un delito

 

Este país, que se enorgulleció siempre de ser forjado por inmigrantes (olvidando a la vez a sus habitantes originarios), debería tener muy presente esta campaña…

Un artículo original de la Revista La Vaca. Página de Facebook de la campaña Migrar no es delito.

La Campaña Migrar no es Delito rechazó la app del gobierno para expulsar inmigrantes y anunció un paro

Más de 50 organizaciones realizaron ayer una Audiencia Pública en el Congreso de la Nación para exigir la anulación definitiva del DNU 70/2017, que busca sistematizar la expulsión de migrantes, y denunciar que la aplicación para celulares que anunció hace unos días el gobierno es una herramienta ilegal de control social que no existe ni en los países con peores políticas migratorias. El 4 de septiembre, Día del inmigrante, realizarán un paro y movilización a Tribunales como parte del plan de lucha diseñado para anular el DNU.

 

Por Alejandro Volkind para lavaca.org

Durante poco más de dos horas, en la sala 1 del piso 2 del anexo del Congreso los migrantes tuvieron la palabra. El hecho, poco mediático, tuvo categoría de inédito. Desde que en enero de 2017 Mauricio Macri publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70, que modificó aspectos sustanciales de la ley de Migraciones 25.871 y consolidó un discurso xenófobo en la sociedad, la problemática migrante no había tenido lugar en el recinto ni se habían escuchado las voces de sus protagonistas.

Por ello, esta Audiencia Pública convocada por la Campaña Migrar No es Delito y posibilitada por la diputada Romina Del Plá fue celebrada por los más de 15 oradores que a través de argumentos documentados y contundentes denunciaron con detalle el ataque sistemático tanto material como simbólico que viene realizando este gobierno sobre los casi 2 millones de inmigrantes que hoy en día residen en el país.

Representantes de la campaña Migrar no es delito junto a diputadas y diputados de la Nación.

No más pasos atrás

Para dimensionar el enorme retroceso en materia de Derechos Humanos que significó el DNU 70/2017 es importante conocer qué ley vino a neutralizar.

La ley de Migraciones 25.871, vigente desde finales de 2003, permitió la mayor regularización de inmigrantes de la historia argentina y fue considerada un “ejemplo mundial” por la Organización Internacional para las Migraciones. Esta normativa, que dio de baja una ley impuesta durante la última dictadura cívico militar, fue consensuada durante meses con organizaciones de derechos humanos y aprobada por unanimidad en ambas cámaras.

El decreto, por el contrario, fue publicado sorpresivamente en el Boletín Oficial, sin debate previo y sin pasar por el Congreso y habilitó un procedimiento de detención y deportación exprés de los extranjeros sometidos a cualquier tipo de proceso judicial. Para ello, el gobierno tergiversó datos oficiales que le permitieron vincular directamente migración y criminalidad.

Ahora una persona migrante que subsiste de la venta callejera podría ser denunciada penalmente por su actividad económica o por resistir un desalojo en la vía pública y ello ya lo clasificaría como “expulsable”.

“El decreto generó la sensación de que el Estado está saliendo a perseguir la migración y que la delincuencia está directamente asociada a la migración”, aseguró en la Audiencia Lucía Galoppo, abogada de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes – CAREF.

Esta sensación se volvió concreta en los últimos días, cuando se conoció que el gobierno nacional implementará desde septiembre una “app para detectar inmigrantes ilegales o con antecedentes penales”. Esta aplicación, elaborada por la Dirección Nacional de Migraciones, estará en los teléfonos celulares de policías provinciales y nacionales y de médicos de hospitales públicos, quienes podrán saber la situación migratoria y últimos tránsitos de quienes consideren sospechoso, o mejor dicho, inmigrante.

“La aplicación lo que busca es un control social total, como en la época de la ley Videla: toda la administración pública puesta al servicio del control de una parte de la población a la cual se le atribuyen toda una serie de males”, denunció Pablo Ceriani Cernadas, director del Programa de Migración y Asilo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Las consecuencias de esta medida –advirtió- ya se conocen porque se vivieron en la década del ´80 y del´90: miedo de ir al hospital, miedo a estar cerca de una fuerza de seguridad, miedo de ir a la justicia a denunciar un delito, miedo a enviar a los chicos a la escuela. “Es una aberración en términos de políticas sociales, de salud pública, en materia laboral, educativa y de seguridad ciudadana”, señaló Cernadas.

Migrantes preocupados escuchan exposiciones dentro del Congreso.

Ni necesario, ni urgente

Desde su imposición, el DNU 70/2017 no paró de cosechar repudios. A las decenas de organizaciones de Derechos Humanos y de Migrantes que se manifestaron en contra, y que se unieron en la Campaña Migrar No es Delito, se hay que sumar al Comité Contra la Tortura de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A su vez, en marzo de este año, la justicia argentina lo declaró inconstitucional. ¿Los motivos? “El decreto no expone razones válidas —dadas las deficiencias que presenta en el análisis de las estadísticas— para sostener la necesidad inmediata de modificar la ley eludiendo la participación del Congreso”. En el fallo, los jueces de la Sala V de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal también consideraron que el DNU atenta contra derechos fundamentales de los inmigrantes, dando lugar a todas las denuncias de las organizaciones de migrantes.

Sin embargo, el gobierno apeló y el decreto está vigente hasta que la Corte Suprema tome posición. Por ello, Galoppo sugirió no perder de vista que si bien el proceso judicial sigue su curso, no hay que perder de vista lo que pueda suceder con la sentencia de la Corte y advirtió sobre las distintas prácticas que actualmente están dificultando la inserción y regularización de los migrantes, entre las que destacó los altísimos aranceles migratorios que se pagan –que aumentan año tras año- y la demora en la entrega de turnos.

Para dar una idea, si un ciudadano del Mercosur quiere sacar un turno hoy –ejemplificó-, le darán fecha para el 20 de marzo de 2020. Durante esos 19 meses esa persona va a estar en situación irregular, no va a tener una constancia de que tiene un trámite pendiente, no va a poder trabajar en forma regular, ni alquilar una vivienda en condiciones dignas, ni va a poder entrar a una institución terciaria o universitaria, ni va a poder circular libremente por las fronteras. “Con estas medidas y con estas prácticas estamos empujando a la población a la irregularidad migratoria”, concluyó Galoppo.

Una joven migrante durante la sesión en el Congreso, con el volante que invita al Paro.

Camino al Paro

Zulema Montero es abogada y presidenta de la Asociación Civil Yanapacuna (“ayudándonos” en lengua aymara). Fue una de las decenas de personas que durante años luchó para que salga la ley de migraciones 25.871. Antes de empezar su intervención, aclara que está nerviosa y se pone a llorar. “Yo siento, porque trabajo con la gente migrante, las llamadas angustiantes, los mensajes de WhattsApp de lo que está pasando con los migrantes en Argentina. En Jujuy se están haciendo cobros indebidos, trámites que se tienen que pagar 1500 pesos se están cobrando 9000 pesos. La gente desesperada me pregunta qué hacer. Las expulsiones se están dando, y en casos que no corresponden. Yo lo que veo en la práctica es un retroceso total en derechos humanos”.

Con el fluir de las palabras su voz se hace potente. “Todas las organizaciones de migrantes tenemos que estar unidas y no aceptar ni el DNU ni esa aplicación, porque va a ser motivo de extorsiones. ¿Por qué perseguir a los migrantes, si somos trabajadores, si somos personas con dignidad? No estamos reclamando por reclamar: son derechos adquiridos”, remarca Zulema.

Migrantes, trabajadores y derechos son palabras que se repiten en casi todas las intervenciones y que permiten entender por qué el 4 de septiembre, Día del inmigrante, realizarán un paro y se movilizarán a la Plaza de Tribunales como parte del plan de lucha diseñado para anular el DNU.

“En este segundo Paro hemos tachado eso de Día del inmigrante. No queremos el festejo”, remarca Doris Quispe, integrante de la Campaña y del Partido Obrero. “Lo que queremos ser es sujetos políticos. Nos reivindicamos. Sabemos que aportamos a la economía, que tenemos derechos. No queremos ser más los pobrecitos. Somos una nueva generación migrante”, asegura.

“No podemos ser los chivos expiatorios para tapar la mala política económica de este gobierno”, sintetiza Zulema.

La frase retumba en todos los presentes, sin importar el país de origen. Este paro, por suerte, ya tiene fecha.

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Santiago Maldonado, desaparecido

Reproduzco una reflexión de El Blog de Abel, referida a  una noticia grave de estos días en Argentina. No es la temática habitual de este blog, pero es un tema serio que, para los que habitamos este país -y seguramente para muchos vecinos y lejanos también-, no nos debe dejar indiferentes. 

Santiago Maldonado, desaparecido

santiago maldonado

Santiago Maldonado tiene 28 años, y es un residente de El Bolsón desde hace tres meses. Realizaba tatuajes en la feria artesanal de ahí. Hace más de medio siglo que el lugar se convirtió en un refugio de los “hippies”, como les decían entonces. Y eran cuestionados, desde los que elegían la militancia política, por apartarse de las “luchas populares”. Sabemos que no fue así de muchos, muchos de ellos.

Tampoco de Maldonado. Por lo que se sabe, él estaba acompañando el reclamo de tierras -al Estado, a Benetton- de una comunidad mapuche, como gesto solidario. “Tras los disparos con balas 9 mm y antitumulto de la Gendarmería nos dispersamos corriendo y cruzamos el río. Ya del otro lado, escuché los gritos de Santiago y vi cómo los gendarmes lo rodeaban y pegaban“.

Eso fue el 1° de agosto, y hasta ahora no lo comenté en el blog. He estado demasiado ocupado, subí material menos inmediato, y no sentí que mi palabra iba a ser decisiva. Ya se pronunció el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, y el gobierno nacional tuvo que romper su silencio (para decir boludeces, pero es un avance).

Anoche estaba con ganas de seguir callado. Porque otro bloguero -aparentemente nervioso porque el peronismo puede votar a un candidato “con techo bajo” y “un fuerte rechazo de la sociedad”- me increpó por mi silencio, que veía como una señal que el peronismo se aprestaba a rearmar la triple A. Pero hoy reflexioné que Maldonado no se merece ser una herramienta de neurosis chiquitas.

Además, otra comentarista marcó que hubo silencio por parte de muchos “referentes”. No lo había notado (será que no me referencio en ellos). Pero es cierto que, con las elecciones en pocos días, los candidatos y sus fans pueden sentir temor de acercarse, aunque sea por asociación, a una causa -la reivindicación “nacional” de grupos que se identifican como mapuches- que muchos argentinos ven con desconfianza. Con buenos motivos.

Como sea, merece destacarse que Cristina Kirchner -que lleva adelante una campaña muy prudente- no vaciló en reclamar públicamente por la aparición con vida de Maldonado. En cuanto a la reacción popular, en todo el país hubo marchas y protestas (algunas provocando al pedo, cierto), pero que muestran que los argentinos comunes perciben la amenaza real.

Pues las reivindicaciones mapuches -las justificadas y las delirantes- son un problema en dos provincias argentinas -Chubut y Neuquén- que sus gobiernos han manejado -mal o bien- pero con herramientas políticas.

El peligro que amenaza -que nunca se fue del todo- y que ahora levanta la cabeza con soberbia- es el descontrol de las “fuerzas de seguridad”. O, como se decía antes “de los hombres a los que la sociedad les ha dado armas para defenderla”.

Tomo parte de una nota de Marcos Mayer que recogió mi amigo Juan José Salinas:

La desaparición de Santiago Maldonado y la (tardía) reacción oficial es una muestra de cómo se está pensando desde el poder la relación con las fuerzas de seguridad, que hoy se sienten protegidas para manejarse a su antojo.

A poco de asumir Macri, la policía baleó un grupo de chicos de 10 años durante un operativo en la villa 11-14. Casi nadie reaccionó demasiado, pese que se supondría que el hecho de que se hiera a niños sería normalmente un escándalo más allá de las adscripciones políticas. La ministra de Seguridad se limitó a visitar en el hospital Churruca a un policía que había recibido un balazo durante el procedimiento y no dijo palabra sobre los pibes baleados. Ni siquiera aquellas que se pronuncian de ocasión y en las que nadie cree al estilo “se investigará hasta las últimas consecuencias y no descansaremos hasta encontrar a los responsables”. La situación tuvo un poco de rebote en algunos medios y en las redes sociales y, de acuerdo a lo que es habitual en estos casos, dio paso a otros temas.

(La cosa fue todavía peor. La ministra visitó a un gendarme herido en otro incidente. En la villa, la represión se desató sobre una murga que se encontraba ensayando y los gendarmes no fueron atacados a balazos).

Pero fue demostrativo de muchas de las actitudes de la gente de Cambiemos. Entre ellas una comunión con la agenda que le proponen los medios. La Bullrich asume en medio de un reclamo por la inseguridad. Relato que consiste en que hay una serie de personas –sobre todo de clase media- que son víctimas de un ejército de delincuentes que, estimulados por el paco, se abalanzan sobre los bienes, la integridad e incluso la vida de sus compatriotas. Versión de la inseguridad bastante limitada, por cierto, baste leer la denuncia sobre la convivencia entre narcotraficantes y policías que describe con acierto Marcelo Sain en su reciente libro Por qué preferimos no ver la inseguridad. Los chicos baleados serían, en la versión oficial mediática, futuros soldados del ejército del paco, como trató de mostrar Lanata con las “declaraciones” del Polaquito.

La bibliografía de Cambiemos está en las tapas y editoriales de Clarín y La Nación que hoy están entretenidas en la detención del cuñado de De Vido mientras no dicen palabra de la desaparición de Santiago Maldonado. Es más, en su show dominical, Jorge Lanata mostró un informe especial sobre una presunta guerrilla mapuche, lo que no se puede leer sino como una justificación más o menos encubierta del episodio Maldonado.

La ministra de Seguridad deja que hablen los medios –ella no dijo palabra sobre el tema, sólo hubo una declaración de Claudio Avruj mostrando una preocupación que no se condice con los hechos. Ese no hacerse cargo, esa no presencia de la responsable del Estado en temas en que está en juego la vida de un ciudadano y que están vinculados con el accionar de las fuerzas a su cargo, habla más allá del silencio. Esta vez no hay shows en uniformes de camuflaje.

Es indudable que el tema no importa pero no hacer nada es hacer mucho. Por de pronto es un crédito a ciegas al accionar de la Gendarmería, aval que antes se otorgó a la policía, que hoy se siente con derecho a parar a la gente, pedir la exhibición del DNI y exigir, generalmente por la fuerza, que se abran mochilas y morrales. O dejando a criterio de las fuerzas de seguridad el manejo de la represión, como ocurrió en Pepsico y en el Obelisco. Unas fuerzas de seguridad, es obvio decirlo, que no molestan a los ciudadanos de Barrio Parque o del Nordelta.

Y todo este clima hace que en la mente oficial y, lamentablemente, en la de gran parte de la clase política, la desaparición de Maldonado no amerite siquiera una nota al pie. Y en un país que ha sido identificado con la palabra “desaparecidos”. Y no es que estén distraídos con la campaña, de hecho salen a contestar cualquier cosa que se diga en la mesa de Mirtha o en el living de Susana“.

Hay otro toque retro. Este “informe” que publica -naturalmente- Infobae, asocia al grupo “reivindicativo” mapuche, con La Cámpora, las FARC, el ETA y “grupos extremistas kurdos de Turquía” en el tradicional lenguaje de los servicios. Que despliegan su también tradicional ignorancia geopolitica. No saben que los kurdos son, por razones puramente nacionalistas, los únicos aliados sinceros de EE.UU. en Medio Oriente. Para inteligencia exterior, no sirven. Pero con el gobierno actual se sienten alentados para recuperar protagonismo en sus funciones de siempre.

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